Esta última semana hemos ido conociendo nuevos datos sobre el desempleo juvenil en la Unión Europea y fuera de ella, con la actualización de las cifras de paro por parte de Eurostat y con dos breves informes: por una parte el Banco Mundial, que publicó su Informe de Desarrollo Mundial 2013, en el que destaca por encima de todo esa cifra de 621 millones de jóvenes en todo el mundo que ni estudian ni trabajan, y por otra un pequeño panfleto del Foro Europeo de la Juventud, en el que insta a la Comisión Europea a adoptar una Garantía Juvenil para Europa.

Me centraré en el segundo. Lo que se insta desde el European Youth Forum (YFJ) es a que la Comisión Europea, a través del Fondo Social Europeo, destine 100.000 millones de euros para promover esta Garantía. Para introducirlo de manera muy breve, la Garantía Juvenil consiste en una política que se adopta a través de gobiernos y servicios públicos de empleo en la cual éstos se comprometen a ofrecer a un joven empleo, prácticas remuneradas o formación después de un determinado tiempo estando en paro o fuera de la educación formal.

Esta Garantía ha sido adoptada con éxito en países como Suecia, Finlandia, Austria o Dinamarca, y aunque parece que se está estudiando su implementación en más países, todavía se está lejos de adoptarse en la mayoría de la Unión Europea.

Las diferencias entre adoptar o no la Garantía, como se pueden ver en el gráfico, son notables:

El YFJ defiende que aunque 100.000 millones de euros pueda parecer una cifra ciertamente elevada, recientes cálculos estiman en 100 billones de euros anuales las pérdidas en exclusión social de estos jóvenes desempleados, por lo que la inversión es relativamente pequeña si se compara con el coste de mantener estas políticas de exclusión hacia la juventud europea.

La manera de implementar esta Garantía Juvenil (podrían acogerse jóvenes menores de 30 años que hayan pasado los últimos 4 meses en el paro o sin realizar estudios reglados, garantizándose ayudas a nivel de desplazamiento o dietas en el caso de la formación) suena muy bien. Ahora sólo falta un pequeño detalle: que los Estados miembros escuchen este tipo de reclamaciones y autorizen a la Comisión la implementación de este programa.

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P.S: En relación al informe del Banco Mundial, un gráfico interesante. Demuestra que la combinación simultánea de trabajo y formación genera un aumento de empleo e ingresos.

¿Os suenan las palabras ‘Formación Profesional Dual’? Wert no parece tenerlo tan claro..

En relación a ese tema, hoy se han producido dos anuncios importantes: el primero, la aprobación por parte del Consejo de ministros del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio y las cuantías de las becas para estudios post-obligatorios el curso que viene. El segundo, la nueva política de precios públicos y becas de la Generalitat de Catalunya.

Umbrales y cuantías en las Becas del Ministerio de Educación

Respecto al anuncio del Consejo de Ministros de hoy, la cosa queda de la siguiente forma: se mantienen los umbrales de renta del curso pasado, congelándose así por tercer año consecutivo, así como los de patrimonio familiar. Esto quiere decir que el ejemplo que puse en el anterior post sigue siendo perfectamente aplicable.

Por otra parte, se endurecen los requisitos académicos de renovación de la beca, y por primera vez se aplican requisitos académicos para el primer curso. Centrándome en estudios universitarios, para obtener la beca se deberá obtener una nota de 5’5 en la fase general de las PAU, y para mantenerla a lo largo de la carrera se deberá aprobar cada curso el 90% de los créditos en el caso de estudios de humanidades, 80% en ciencias/ciencias de la salud y 65% en arquitectura e ingenierías. Para los máster hará falta tener un expediente universitario con un 6’5 de nota media (6 si el máster habilita al ejercicio de una profesión regulada), notas que se deberán mantener para renovar la beca en segundo curso.

Nueva política de precios públicos y becas de la Generalitat de Catalunya*

Aquí viene lo interesante. La Generalitat de Catalunya lleva años exigiendo la transferencia del sistema de becas, que ahora gestiona el Ministerio en colaboración con las CCAA. El no conseguir, al menos de momento, esta transferencia, no ha impedido que Catalunya se convierta en un pequeño laboratorio de pruebas en lo que a ayudas al estudio y tasas se refiere.

El pasado curso introdujeron dos tipos de becas, encaminados a cubrir determinadas situaciones que el gobierno español no cubría, con las becas Equitat y Excel.lència Acadèmica. La primera, destinada a financiar mediante una ayuda del govern el 50% del importe de la matrícula, siempre que se cumpliesen unos umbrales bastante más generosos que los del Ministerio de Educación. La segunda, destinada a aquellos alumnos que hayan superado al menos 120 ECTS y posean mejores expedientes, para percibir una ayuda para la movilidad internacional.

Estos dos tipos de becas se mantienen, con la novedad de que las becas Equitat ahora son compatibles con las estatales (ya que se preveé que el próximo curso el MECD no financie el 100% de la matrícula a sus becarios).

En cuanto a lo que más cola ha traído, las tasas, la Generalitat ha establecido un sistema progresivo de porcentaje de aportación total del estudiante en proporción al nivel de renta de la unidad familiar. Mientras que los alumnos becados por el MECD seguirán exentos del pago de cualquier tasa (el % restante que no financia el MECD se financiará a través de la Generalitat mediante las becas Equitat), a los alumnos con niveles de renta más bajos no se les aplicará ningún incremento de tasas, aspecto que puede llegar a un incremento del 66% para financiar un total del 25% del coste real de los estudios en el caso de las rentas más altas.

Otro aspecto importante a destacar es que el alumno que sufra una variación importante en cuanto a condiciones de renta en inicios de curso, podrá solicitar a la Generalitat la revisión de sus datos fiscales con tal de poder beneficiarse de las ayudas que ofrece el Govern.

*Más info. en este pdf: Nova política de preus públics i beques del sistema universitari català

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Por tanto y para acabar, podemos sacar en conclusión que la tan temida subida de tasas en la universidad no perjudicará en ningún momento a las familias con rentas más bajas, siempre y cuando el alumno sea consciente de lo que se juega y sus resultados académicos acompañen. En el caso de Catalunya todavía van más allá, ya que no se limitará al acceso a las ayudas por requisitos académicos, aunque sí se castigará con precios mucho más elevados (en el peor de los casos con precios triplicados) a las segundas y sucesivas matriculaciones.

Hoy me gustaría completar el post anterior con un par de apuntes, una vez publicada esta mañana la Encuesta de Población Activa (EPA), la cual nos presenta una burradísima de parados que mete miedo, más aún siendo conscientes de que la perspectiva a corto-medio plazo no es mucho más favorable.

En el primer gráfico se detalla el desempleo juvenil (entre 16 y 24 años) en España por nivel de formación alcanzado. De los 921.800 jóvenes en paro, el 14,58% son jóvenes que poseen un título de Grado/Licenciatura/Diplomatura o de Técnico Superior (CFGS). Si obviamos los datos de analfabetismo, los jóvenes con una formación superior son el grupo que menos paro sufre con bastante diferencia. De hecho, los datos en este grupo prácticamente no han variado respecto al trimestre anterior (sólo hay 1600 parados más, un incremento del 1,19%). Ni punto de comparación con el grupo de jóvenes con el título de Educación Secundaria Obligatoria, que aumenta en 22.200 parados, casi un 6%.

Algo similar ocurre si observamos las tasas de paro totales, donde el gráfico es bastante claro. A mayor formación, menor paro. Entre personas que poseen un título de Grado/Licenciatura/Diplomatura o de Técnico Superior (CFGS), la tasa de paro se sitúa en un 14,3%, aprox. un 10% menos que la tasa de desempleo absoluta que tiene el país. Destacable el ‘gap’ que existe entre las personas que poseen un título de Bachillerato o de Técnico (CFGM) y los que cuentan con estudios superiores, casi 10 puntos de diferencia, que va a mayor cada trimestre, cuando en épocas de bonanza (burbuja a mitad de 2008), esta diferencia llegó a reducirse a tan sólo 3 puntos. El espacio también se hace cada vez más grande entre los que cuentan con el Graduado Escolar y el Bachillerato/CFGM. A día de hoy son algo más de 7 puntos de diferencia, cuando en 2008 estaba en poco más de 2 puntos.

Uno de los grandes retos de España será el de reducir todo cuanto se pueda el abandono escolar, y también el que jóvenes en familias con una renta baja puedan acceder sin dificultades de índole económica a una enseñanza superior. Especialmente el primero. En ello se nos va (casi) todo nuestro futuro.

Esto es algo que personalmente llevo esperando desde hace mucho tiempo, es más, yo defendía y sigo defendiendo un incremento todavía mayor de las tasas, pero, y ahí está el fallo de esta medida que se ha anunciado, siempre y cuando una parte considerable de lo recaudado con ese incremento se destine directamente a aumentar el presupuesto de becas. Jorge Galindo hace tiempo que lo expuso aquí.

Tenemos una de las universidades más baratas de toda la UE y de los países OECD (como se puede ver en el gráfico de arriba), demasiadas universidades, alumnos que tardan hasta 8 o 10 años en acabar la carrera y siguen pagando casi lo mismo que el alumno que acaba de empezar..

La medida era de esperar, pero se ha hecho mal, bastante mal. En España hubo el curso pasado 1.269.355 alumnos de Diplomatura/Legislatura/Grado en centros públicos o adscritos*, y 433.136** de éstos becados (por lo que están exentos de pagar matrícula), una proporción que no es mala dentro de los estándares de la OECD, como indica en el gráfico al finalizar el párrafo, pero que se puede mejorar bastante. Estas dos cifras absolutas supondrían que 836.219 estudiantes deberían pagar un máximo de 540€ más de matrícula, con lo que se podría recaudar aprox. un máximo (en el mejor de los casos) de 451,5 millones de euros con el incremento impuesto por el gobierno. El importe total de las becas concedidas en enseñanzas universitarias por parte del Ministerio y de las CCAA en el curso 2009-10 fue de 928’8 millones de euros*, por lo que el aumento máximo representaría casi un 50% del presupuesto de becas universitarias concedidas ese curso (importe que variaría ligeramente si se tratase de el curso vigente o del que viene, ya que las partidas presupuestarias prácticamente se han mantenido igual).

Con todos estos cálculos, si se destinase tan solo un 25% de lo máximo que se recaudase con esta medida a aumentar el presupuesto en becas, la partida de becas universitarias podría aumentar en un 12,5% en los próximos presupuestos. Desde luego, cifras nada desdechables.**

Por otra parte, me gustaría hacer un par apuntes sobre el tema. En España destinamos un 9,2% del gasto público en educación a becas (de todo tipo de enseñanzas), un 1,2% menos que la media de los países de la OECD, como se puede ver en el gráfico justo aquí abajo. Cifras mejorables, sí, pero el problema lo veo, también, en el color azul que aparece en las barras de muchos países, que representa los préstamos.

El pasado marzo el Ministerio de Educación suspendió la convocatoria de préstamos para estudiar másteres, que en la última convocatoria se ofrecían a intereses del 5,43%. Y esto, también es un problema que el gobierno debería tener en cuenta a la hora de reformar la enseñanza superior. A pesar de que hay entidades bancarias que ofrecen préstamos especiales dirigidos a la financiación del coste de unos estudios superiores con condiciones razonables, el Ministerio debería de ofrecer, como hacen un gran número de Estados miembros de la UE, préstamos a coste cero, es decir, sin intereses. Préstamos en los que exista una carencia (pago únicamente de intereses, no de la cuota de amortización, es decir, a devolver, del préstamo) de al menos el primer ciclo del grado (los dos primeros años) o el grado entero (4 años). Ya no digo una carencia hasta que el estudiante ya graduado encuentre un trabajo con un máximo de X años, como se hace en muchos países, ya que el problema estructural del empleo en nuestro país es lo suficientemente grande como para aventurarse a una cosa así, pero sí con esta carencia de la que hablo, y con unos plazos de devolución bastante flexibles (entre 6 y 10 años). De esta forma todos aquellos jóvenes que quisieran estudiar un grado o máster, pero que no cumplieran los requisitos para acceder a una beca, podrían hacerlo acogiéndose a una financiación bastante ‘suave’.

El tema de los préstamos en el caso de no poder beneficiarse de una beca llevaría a lo que se conoce como ‘coste oportunidad’, que puede que sea un concepto que muchos de los actuales estudiantes no han pensado, bien porque ya son becados, bien porque poseen de una renta suficiente para cubrir los costes de una educación superior, o bien porque, a la hora de elegir, descartan el acceso a la universidad por motivos principalmente económicos.

Centrándome en el tercero de los casos, para analizar el coste oportunidad he puesto dos ejemplos en la siguiente tabla.

Como vemos, el coste oportunidad representaría para el primero pagar cuotas de amortización de 52€ al mes durante 4 años. Para el segundo, 215€/mes, o 116€/mes si aumentase a 8 años el plazo de amortización. Todo esto para una familia de 3 personas, en la que entren 12.000€ anuales en casa (una renta que supondría que uno de los dos sustentadores de la familia esté en paro, sin prestación o con una muy escasa, y el otro perciba un salario bajo), con los que encajarían, dentro de los umbrales de renta por los que el Ministerio de Educación determina las ayudas, los cuales el Ministerio ha asegurado que no variarán el curso que viene, en el umbral 2.

¿Merecería la pena afrontar un gasto así? La respuesta dependería de la persona, pero yo creo que sí. En el segundo caso, el coste de financiación es similar al de un coche, y el rendimiento de la inversión, mucho más beneficioso a medio y largo plazo que el de éste o cualquier otro bien mueble o inmueble. Siguiendo el ejemplo expuesto, los costes de las cuotas de amortización del préstamo podrían suponer, exceptuando la amortización a 4 años del segundo caso, un coste similar al que representaría el gasto de mantener a esa persona en casa sin estudiar, incluso algo menos. Por todo ello pienso que el coste oportunidad es muy positivo incluso para una familia con una renta tan baja como la ejemplificada, aunque en estos casos siempre pueden aparecer externalidades negativas, como situaciones de deudas elevadas por parte de la unidad familiar, miedo a acceder a un préstamo, o la no concesión del mismo por parte de la entidad financiera. Especialmente para estas dos últimas externidades estaría justificada mi propuesta de concesión de préstamos a coste cero por parte del Ministerio de Educación.

Dos cosas que se quedan en el tintero por no alargar más el post: 

Para ahorrar costes en la universidad pública, ¿por qué no dejamos entrar capital privado, a modo de convenios o incluso donaciones?, ¿por qué no igualamos la duración de los grados a 3 años, como son en el resto de la UE (Bachelor)?

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*Datos del Ministerio de Educación http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/

**Cálculos variables, ya que en las cifras absolutas de alumnos becados que proporciona el Ministerio de Educación no se distingue de alumnos becados con Erasmus o Séneca del resto de becas.

Para el préstamo he utilizado como ejemplo un préstamo ‘crediestudios superiores’ de Caixabank, que financia la totalidad de la carrera. Aquí un simulador del mismo.

Esto es algo que se lleva debatiendo prácticamente desde los inicios de la propia Comunidad Europea, desde los tiempos de Schuman, Delors, la CECA y EURATOM. El debate en los últimos años ha ido a más desde la propuesta y posterior fracaso de la Constitución Europea, y en lugar de apagarse con el estrepitoso fracaso que supuso la no ratificación de ésta, se avivó aún más una vez que muchos de los Estados miembros se encuentran con el agua al cuello debido a la crisis económica, como se puede ver con la constitución del Spinelli Group, un grupo de pensadores, académicos, ex-políticos y MEPs que se manifiestan por una UE federal, o la reciente creación del Club de Berlín, ideado por Guido Westerwelle y formado por los 10 Ministros de Asuntos Exteriores más europeístas, con el objetivo de debatir y encontrar fórmulas que permitan una UE más coordinada y fuerte, aunque con un marcado carácter federal en un segundo plano.

En este caso, la propuesta de este usuario británico de reddit ‘mrh112′, es bien distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar y discutir. En lugar de una federación de 27 Estados (28 en 2013 con la incorporación de Croacia), estaríamos hablando de una federación integrada por 98 Estados miembros. Este número correspondería al número de regiones NUTS-1* que existen en la UE.

Según propone nuestro anónimo colega, cada uno de estos 98 Estados estaría capacitado para crear su propia legislación (excepto la comunitaria, claro), elegir su propio Parlamento, y tener un presidente o canciller que representaría al Estado en el Parlamento (federal) Europeo. Parlamento que contaría con un presidente elegido mediante sufragio universal por todos los ciudadanos de la Unión.

Mapa de España dividido en regiones NUTS-1. El país quedaría tal que así en el caso de la Europa federal que se explica aquí.

Propone que el inglés se convirtiese en la lengua oficial de facto de la Unión, la cual se impartiría en todas las escuelas junto con la lengua nacional. Además explica también que se integraría un sistema de voto electrónico en toda la Unión, a través de una base de datos y un DNI (ID Card) europeo. Este sistema conviviría con las tradicionales urnas y voto por correo hasta una integración completa.

La propuesta ha generado mucho interés y debate en el propio reddit (hasta este momento 89 comentarios por usuarios de más de 16 Estados miembros e incluso de USA), y en twitter, donde el mapa de como quedaría España, el cual acompaña esta entrada, ha sido retuiteado y comentado por casi una veintena de personas.

Personalmente me parece una idea cuanto menos interesante que nunca había visto que se plantease, aunque esto supondría, a primera vista, dos importantes inconvenientes (o conflictos, según se mire). El primero es qué pasaría con los actuales Estados; ¿desaparecerían? ¿Se mantendrían como un ente intermedio entre los Estados federales y la propia UE?; y el segundo es la transición, que aunque a un buen número de los 28 el cambio no les supondría un problema organizativo especialmente importante (véase Alemania, que mantendría los 18 Estados federados de los que se compone actualmente la República, o Bélgica, que mantendría las dos regiones de Flandes y Valonia, además de Bruselas-Capital), a otros, como España, Reino Unido o Francia, les supondría un enorme dolor de cabeza, sino aún posibles conflictos internos.

Ahora bien, considerándome europeísta convencido, creo que no es la mejor solución. Mi idea va más inicialmente por unificar instituciones europeas, concretamente Consejo de la UE y Comisión, creando una especie de gobierno europeo, con sus respectivos comisarios (más o menos con la distribución actual) elegidos por un presidente de la Unión Europea, que nombraría y dirigiría a ese colegio de comisarios, presidiría el Consejo Europeo y el Eurogrupo. Este presidente sería, por supuesto, elegido por todos los ciudadanos europeos mediante sufragio universal, libre y directo. Por otro lado, el resto de las instituciones se mantendrían como hasta ahora, es decir, continuaríamos con un Parlamento Europeo elegido por todos, con la diferencia de que en este caso introduciría la circunscripción directa que propone el MEP Andrew Duff, además de la elección mediante sufragio universal también del presidente del parlamento, tal y como propone él mismo.

Una vez dado este paso, empezaríamos a hablar de una única ciudadanía europea, pasando a hablar así de los Estados federados de la Unión Europea. Catalunya, Euskadi, Escocia y demás regiones que quisieran independizarse de sus Estados, pasarían a formar automáticamente parte de esa UE federal, si los ciudadanos de cada uno de estas regiones se manifestasen mayoritariamente a favor en referéndum.

Es bueno saber que se presentan diferentes propuestas sobre cómo podríamos llegar a una Unión Europea federal, y que el debate esté más vivo que nunca.

Si alguien tiene alguna otra propuesta, que no dude en comentarlo aquí abajo. ¡Se agradecerá!

* NUTS = Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas

En virtud de lo dispuesto por el Tratado de Lisboa, hoy 1 de abril entra en vigor una nueva forma de democracia participativa en la Unión Europea: la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, por sus siglas en inglés). Con tan solo el apoyo de un 0,20% de los ciudadanos europeos, cualquier grupo de personas podrá pedir a la Comisión Europea que proponga legislación en alguno de los ámbitos de su competencia.

En un tiempo en el que algunos parecen pensar que es ‘el sistema’ lo que falla (véase el movimiento 15M), la UE pone a disposición de todos una herramienta para que cualquiera pueda incidir, influir en la política y en el rumbo de la Unión. Ya no hay excusas, que si en Bruselas sólo manda Merkel, que si allí son todos unos ‘tecnócratas’ a los que poco les importa lo que pase en los Estados miembros, etc, etc, etc. ¿Qué tal si nos dejamos de manifestaciones, acampadas y concentraciones no comunicadas ni autorizadas previamente? ¿Qué tal si nos dejamos de quejar del ‘sistema’ y nos levantamos del sofá? ¿Qué tal si dejamos de plantarnos en las viviendas particulares de nuestros representantes?

Ha llegado el momento de la verdad, de comprobar si las reivindicaciones de toda esta gente son serias y fundamentadas, si de verdad quieren trabajar por intentar sacarlas adelante o si es un simple juego de críos que buscan llamar la atención y salir en prensa.

Qué puedo proponer, cómo lo puedo proponer y cuándo veremos resultados

El proceso para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea debe de ser fácil y al alcance de cualquiera, por ello se ha intentado simplificar el mismo al máximo. Lo primero que se debe hacer, una vez se tenga una idea de lo que se quiere proponer, es asegurarse de que la propuesta se refiere a alguna de las materias o ámbitos en los que la Comisión Europea esté facultada para intervenir. En caso de que se quiera realizar una propuesta sobre una materia o ámbito en el cual la Comisión no sea competente, se debería estudiar si la reivindicación cabe en alguna de las demás vías alternativas para dirigirse a la UE, como pueden ser las peticiones el Parlamento Europeo.

Una vez se esté seguro de que la Comisión es competente sobre la materia propuesta en la ICE, se debe constituir un comité de ciudadanos, que será el organizador y responsable de la iniciativa a lo largo todo el proceso. Este comité deberá estar formado por al menos 7 ciudadanos europeos (es decir, que tengan la nacionalidad de alguno de los 27 Estados de la UE, 28 si contamos con los ciudadanos de Croacia, que se incorporarán a la Unión el año que viene), que deben residir en, al menos, 7 Estados diferentes de la UE, y tener en ese momento la edad suficiente exigida por su Estado para poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Esto significa que, por ejemplo, 7 ciudadanos españoles mayores de 18 años podrán consituir un comité de ciudadanos para organizar la ICE, siempre y cuando estos 7 vivan cada uno de ellos en un país diferente de la UE. Si el comité estuviese compuesto por 20 españoles, bastaría con que 6 de ellos viviesen en un Estado distinto al español. El comité nombrará a un representante y un suplente de éste, que serán quienes actúen en nombre del comité ante la Comisión Europea.

Con todo esto, el comité deberá inscribir la iniciativa en el registro web de la Comisión, especificando qué es lo que quiere presentar, objetivos de la iniciativa y el marco legal sobre el que se sustenta ésta en base a los Tratados de la UE. En un plazo máximo de 2 meses, la Comisión responderá positivamente a esta inscripción si se ajusta a las condiciones exigidas. Con el OK de la Comisión, y después de certificar que el sistema de recogida de firmas reúne las características técnicas y de seguridad requeridas (lo que podrá tardar hasta 1 mes en certificarse, aunque esta certificación puede solicitarse antes de la inscripción en el registro de la Comisión), tendremos 12 meses de plazo para recoger un total de 1 millón de firmas.

Este millón de firmas deberá proceder de los ciudadanos de cualquier Estado miembro de la UE, eso sí, con la obligación de que en al menos 7 de los Estados se recoja el número mínimo de firmas exigido, que van desde las 74.250 firmas en el caso de Alemania hasta las 4.500 en los casos de Estonia, Luxemburgo, Malta o Chipre.

Recogido el millón de firmas, en un plazo máximo de 3 meses la autoridad nacional competente certificará la validez de las mismas y la Iniciativa será formalmente presentada ante la Comisión Europea. La Comisión se reunirá con los representantes del comité ciudadano, incluso éstos podrán dirigirse en audiencia ante el Parlamento Europeo, y en el plazo máximo de otros 3 meses se determinará la respuesta.

La respuesta irá en forma de comunicación oficial, que podrá convertirse en ley utilizando el procedimiento legislativo ordinario.

Este es un paso más para consolidar a la Unión Europea como, probablemente, el conjunto de instituciones políticas más transparente del mundo.

Para más información:

Guía para la Iniciativa Ciudadana Europea (pdf) / versión en papel (envío gratuito a cualquier parte del mundo)

Reglamento 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011, sobre la Iniciativa Ciudadana

Registro oficial de la Iniciativa Ciudadana Europea

La presunta función de los mismos es la de informar a los trabajadores sobre el derecho que estos tienen a secundar la huelga, abandonando por tanto el centro de trabajo durante ese día sin que por ello el empresario pueda sancionar al trabajador o despedirle. Esto se hace utilizando el diálogo y el convencimiento, de manera legítima.

La función que finalmente se lleva a la práctica en una proporción considerable de los casos, dista mucho de ser la señalada justo arriba. El diálogo y convencimiento se convierte en amenazas, gritos, insultos, destrozos en locales, barricadas e incluso agresiones. Pasa lo mismo en todas las movilizaciones que he presenciado desde que tengo uso de razón. Los sindicalistas y demás personas que apoyan estas movilizaciones se escudan en el derecho que tiene cualquier trabajador a secundar el paro. Y, efectivamente, ese derecho es efectivo, igual que también lo es el del trabajo.

Es repetir una y otra vez lo mismo, pero una vez más parece que muchos no lo comprenden. El derecho a la huelga no conlleva consigo quemar ruedas en las principales vías de acceso a la ciudad o en las entradas a los mercados mayoristas.

No conlleva consigo el destrozar locales y el amenazar a trabajadores o empresarios que no secundan el paro.

No conlleva consigo el cortar la carretera cuando a mí me de la real gana.

No conlleva consigo el impedir el acceso al transporte público a todo aquel que necesite desplazarse.

Y tampoco conlleva consigo el enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los cuales un día quizás puedan salvarte la vida.

Etc, etc, etc. Como dice Roger Senserrich, es hora de buscar otras formas de protesta. Cada finés participa de media en 3 asociaciones de diversa índole (partidos políticos, ONG, sindicatos, etc.), en España, sólo 18 de cada 100 personas participan están asociadas, tal y como señalé aquí mismo hace poco más de un año, al inicio de las revueltas en los países del norte de África y Oriente Medio.

A pesar de lo que generalmente se piensa, una mayor inversión (escrupulosamente gasto público, aunque en este caso es una inversión en futuro) en educación no siempre va acompañada de mejores resultados en cuanto a rendimiento académico se refiere.

En el gráfico de arriba he comparado el porcentaje del total de gasto público que destinaban los países que forman la OCDE a educación en 2008, lo que nos puede dar una idea de la dimensión del gasto en educación por país, con el ranking absoluto (ponderación de resultados de las pruebas en literatura, matemáticas y ciencia) del Informe PISA de 2009, año siguiente a las estadísticas de gasto.

En los datos sobre gasto público en educación, la OCDE incluye el total de gasto realizado por el Estado en instituciones de educación públicas y otras entidades privadas, becas y préstamos.

Como podemos observar en el gráfico, el tener un elevado gasto en educación no es garantía de éxito académico. El caso más llamativo está en el mexicano. El país norteamericano es el que más recursos públicos dedica a educación en proporción a la totalidad de su gasto público (un 20’6% del total del gasto público), y sin embargo es el segundo país de la OCDE que peores resultados obtiene en el Informe PISA, solo superado por Brasil, país que también dedica una parte considerable de su gasto público (un 17’4%) a la educación.

En el caso contrario se sitúa Japón, que a pesar de que el gasto educativo es el menor de toda la OCDE junto con el de Italia (un 9,4% del total del gasto público) se situó en la octava posición del Informe PISA en 2009. De cerca le siguen países como Finlandia, Canadá o Países Bajos.

La calidad del sistema educativo y el rendimiento de los alumnos no lo garantiza el dinero. No por gastar más o menos se conseguirá un mejor sistema educativo o un mayor rendimiento académico. La calidad y el rendimiento académico se deben trabajar desde otros aspectos que difieren mucho del económico. Diría que el problema no es cuánto gastar sino cómo gastar, y eso es en lo que fallan muchos países a la hora de elaborar sus presupuestos en materia educativa.

Mi próximo post tratará en parte sobre ello. Analizaré cuánto y cómo se destinan las becas y demás ayudas públicas a los estudiantes de educación superior en los países de la OCDE, poniendo especial énfasis en el sistema de becas del Ministerio de Educación español, y en si la propuesta lanzada al aire por el ministro Wert sobre ligar las becas al rendimiento académico es una idea acertada o no.

Feel free para descargar y compartir y, por supuesto, cualquier observación sobre el documento o el tema en si será más que bienvenida!

El nuevo hoax que se ha propagado se trata de una captura de un par de Disposiciones Adicionales del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno.

Captura que circula estos días por facebook y twitter

En esa captura tratan de manipular ciertos datos de las Disposiciones, adaptándolas a lo que muchos quieren oír, pero, de nuevo como ocurrió con la comparación de Salarios Mínimos, se intenta establecer una comparación absurda y sin ninguna base.

Destacando la cifra de 13,2 millones de euros mensuales, se señala que existen recortes en educación, sanidad, etc., mientras se aporta esa cantidad a la Iglesia Católica (muchos incluso llegaron a indignarse pensando que esto es un ‘invento’ del nuevo Gobierno). Pues bien, esto no es tal y como lo pinta el autor de la captura.

La Disposición dice:

‘…a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.’.

Pues bien, nos vamos a la Disposición que indica de la Ley 42/2006, y dice lo siguiente:

‘Uno. Con vigencia desde el 1 de enero de 2007 y con carácter indefinido, en desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

‘Dos. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica o complementaria en los términos previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.’

¿Y qué quiere decir esto? Pues que esos 13’2 millones de euros mensuales no salen del bolsillo de todos y cada uno de los españoles, no. Salen de todo aquel ciudadano que manifieste, tachando la casilla correspondiente, su voluntad de aportar el 0,7% de la cuota íntegra de su IRPF al sostenimiento de la Iglesia Católica. Si no se tacha esa casilla, tú no contribuyes a esa cifra de 13,2M€ mensuales, así de simple. Por tanto, lo que se intenta expresar en esa captura es una verdad (la Ley) manipulada.

En la segunda Disposición que aparece en la captura, habla de que la prórroga de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2004 se traduce en ‘mayores beneficios fiscales y para los demás: subidas de impuestos’. De nuevo, el autor de la captura parece no haberse leído nada. Si nos vamos a la Disposición Adicional Segunda que se prorroga, indica:

‘Se prorroga por siete años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el plazo a que se refiere la disposición transitoria primera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con la disposición transitoria quinta de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.‘

Disposición Adicional Quinta de la Ley 16/1985:

‘En los diez años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones eclesiásticas.’

Artículo 28.1 de la misma Ley:

’1. Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario general que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de derecho público o a otras instituciones eclesiásticas.’

Esto es una prórroga de una prórroga de una Ley que dispone que los bienes muebles inventariados de la Iglesia Católica tienen una serie de condiciones en cuanto a transmisión o enajenación, en ningún momento esto se traduce en mayores beneficios fiscales como intenta presentar la captura.

Pero nada, lo dicho en el anterior post, es mucho más fácil repetir como loros mentiras o datos manipulados que molestarse durante cinco minutos en consultarlo, contrastarlo o razonarlo. Y como esto, todos los días. Suma y sigue,